Juicios exprés para okupaciones: El Congreso da luz verde, pero la inquikokupación queda fuera

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre una medida que agiliza los procesos judiciales para ciertos casos de ocupación ilegal de viviendas. Los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda serán tramitados mediante juicios rápidos, con un plazo máximo de resolución de 15 días. Sin embargo, la normativa no incluye los llamados “inquiokupas”, dejando fuera una problemática que afecta a numerosos propietarios en España.

Juicios rápidos para allanamiento y usurpación

Con la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los delitos relacionados con la okupación ilegal se incorporan al procedimiento abreviado, diseñado para casos menos graves como hurtos y robos. Este cambio permite que, una vez detenido el infractor, el juez cite al acusado en un plazo de 72 horas, concluyendo el proceso en tan solo 15 días, incluida la emisión de la sentencia.

La medida, impulsada por el PNV y respaldada por partidos como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, supone un intento de acelerar los desalojos y reducir el impacto de la okupación en el país.

Críticas y limitaciones pese a las expectativas

Expertos como José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler, advierten que los plazos podrían extenderse en casos donde habiten personas vulnerables, ya que la intervención de servicios sociales retrasaría los desalojos. Además, esta normativa no abarca situaciones de “inquiokupación”, un fenómeno en el cual los inquilinos dejan de pagar tras la primera mensualidad y permanecen en la vivienda aprovechando los largos tiempos de los procesos civiles.

Jesús Manuel Martínez Caja, asesor jurídico de AMADEI, subraya que estos casos continúan bajo procedimientos tradicionales, que pueden prolongarse hasta dos años, sin posibilidad de beneficiarse de los juicios rápidos.

Propuestas alternativas

Desde la Agencia Negociadora del Alquiler se sugiere que la solución podría residir en una reforma administrativa. Proponen un registro público de contratos de arrendamiento, que permitiría a las autoridades desalojar okupas sin intervención judicial si se recede documentación válida.

El futuro de la ley

Aunque la aprobación en el Congreso fue respaldada por una amplia mayoría, el error de votación de Bildu generó controversia. La portavoz del grupo, Mertxe Aizpurua, reconoció la equivocación y anunció que buscará enmendarla en el Senado, aunque la mayoría del PP dificulta la posibilidad de cambios significativos.

A pesar de las críticas y limitaciones, la medida marca un avance en la lucha contra la okupación en España. Sin embargo, expertos coinciden en que esta reforma es un paso inicial, no una solución integral. Para abordar el problema de forma efectiva, será necesario complementar la legislación con medidas que aceleren los desalojos y protejan los derechos de los propietarios frente a todas las formas de ocupación ilegal.