El domingo 13 de octubre de 2024, miles de ciudadanos madrileños tomaron las calles de la Gran Vía en una manifestación masiva exigiendo soluciones urgentes a la crisis habitacional y precios de alquiler más accesibles. Bajo el lema “La vivienda es un derecho, no un negocio”, los manifestantes expresaron su preocupación por el aumento desmedido de los alquileres que afecta a miles de personas en la capital y en otras ciudades de España.
La marcha, organizada por unos 40 colectivos de vecinos e inquilinos, comenzó en Atocha y avanzó hacia el Paseo del Prado, lugar donde el día anterior se había celebrado el desfile del Día de la Fiesta Nacional. Con el Sindicato de Inquilinas liderando la movilización, los asistentes corearon consignas como “No llegamos a fin de mes” y “Si no bajan los precios, huelga de alquiler”. Valeria Racu, portavoz del sindicato, advirtió a propietarios e inmobiliarias que “se acabó la impunidad”, sugiriendo que, de no reducirse los precios, convocarán huelgas de alquiler.
La protesta también fue dirigida a las autoridades. Los manifestantes pidieron la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y criticaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su oposición a la Ley de Vivienda. Paloma López Bermejo, secretaria general de CC.OO. Madrid, instó a Ayuso a abandonar su actitud de “insumisión” frente a la ley y tomar medidas efectivas contra la crisis habitacional. De acuerdo con datos de CC.OO. Madrid, los trabajadores de la Comunidad destinan más de la mitad de su salario al pago del alquiler, lo que está retrasando la emancipación y afectando la calidad de vida de muchos madrileños.
Una parte significativa de la protesta fue dirigida a los fondos buitre, acusados de adquirir propiedades masivamente, desalojar a inquilinos y especular con los precios. Los manifestantes responsabilizaron a estos fondos de fomentar la especulación y el desplazamiento en barrios enteros.
Madrid no es la única ciudad movilizada. En las próximas semanas se esperan manifestaciones similares en ciudades como Barcelona, Valencia y Málaga, evidenciando que la crisis de la vivienda es un problema de alcance nacional. Organizaciones como la Plataforma por el Derecho a la Vivienda exigen la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, la regulación de los precios del alquiler y un aumento en la construcción de vivienda social.
Los ciudadanos madrileños han dejado claro su mensaje: el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental que debe ser garantizado por las autoridades, no un bien de especulación. La movilización de Madrid representa un llamado urgente para que los gobiernos tomen medidas concretas que aborden la crisis habitacional de forma justa y sostenible.
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